22 noviembre, 2026

Rige una advertencia fiscal: seis comunas de San Juan en riesgo de perder fondos para obras públicas por incumplimientos legales

El Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) podría vetar el acceso a recursos financieros clave para infraestructura en media docena de departamentos debido a la falta de adecuación a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Un total de seis administraciones municipales de la provincia de San Juan se encuentran en una situación crítica que podría comprometer la ejecución de sus proyectos de infraestructura. Se trata de Calingasta, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal y Ullum, las cuales habrían incurrido en inobservancias respecto a las exigencias estipuladas por el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal.

De acuerdo con la legislación vigente, el acceso a los recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) no se limita a la mera presentación de proyectos de obras públicas, sino que demanda un estricto cumplimiento de los parámetros de ordenamiento financiero, control del gasto corriente y sustentabilidad del empleo público previstos en la normativa.

Implicancias normativas y redistribución de recursos

El marco regulatorio provincial establece que el incumplimiento de estas pautas acarrea la inhabilitación automática para percibir los fondos correspondientes al FODERE. Dicha disposición contempla además un mecanismo de reasignación presupuestaria, mediante el cual los recursos de las comunas sancionadas podrían ser redirigidos hacia aquellos municipios que sí acrediten el cumplimiento formal de las exigencias fiscales.

Este escenario plantea un panorama complejo para los gobiernos departamentales involucrados, dado que la financiación de obras esenciales —tales como pavimentación, iluminación y mejoras urbanas— queda supeditada a la regularización de sus cuentas públicas.

Antecedentes institucionales

La aplicación de estas restricciones financieras no constituye un hecho inédito en la administración provincial. Durante ejercicios anteriores, el incumplimiento de normativas similares ya derivó en sanciones económicas para comunas que excedieron los límites permitidos en materia de incorporación de personal, tales como el registro de pasantes y becarios observado en gestiones pasadas. La rigurosidad en los controles refleja una política de Estado orientada a tutelar el equilibrio fiscal y la prudencia en el manejo de los recursos públicos provinciales.

Marco de referencia: El FODERE y la Ley de Responsabilidad Fiscal

  • El origen del FODERE: Creado en 2018 bajo la Ley Provincial N.º 1811-P en el marco de la reforma del sistema de coparticipación, este fondo está destinado específicamente a financiar infraestructura y optimizar los servicios municipales mediante recursos evaluados y administrados por el Poder Ejecutivo.
  • Las exigencias de la Ley N.º 1812-I: Sancionada en el mismo período, la normativa impone límites estrictos al crecimiento del gasto corriente primario neto —el cual no puede superar la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC—, salvo excepciones contempladas para administraciones con resultados superavitarios regidas por el Producto Bruto Geográfico (PBG), sumado al estricto contralor de la planta de empleo público.