21 noviembre, 2026

Pocito endurece las normativas viales: prohíbe los escapes libres y fija multas de hasta 10 millones de pesos

El Concejo Deliberante aprobó la modificación del Código de Faltas y Convivencia mediante la Ordenanza N.º 6256/2026, estableciendo drásticas sanciones pecuniarias, la retención de los rodados y la destrucción de los dispositivos adulterados.

El municipio de Pocito ha formalizado un marco punitivo más riguroso frente a la circulación de vehículos con sistemas de escape antirreglamentarios. La medida, estructurada a través de la Ordenanza N.º 6256/2026 tras una iniciativa impulsada por el Juez de Faltas, doctor Martín Escamilla, y aprobada por el Concejo Deliberante, busca erradicar la contaminación acústica y garantizar la convivencia ciudadana en el departamento.

Marco sancionatorio y alcance de la medida

La normativa estipula sanciones económicas comprendidas entre las 50 y las 2.000 Unidades de Justicia (UJ). Tomando como referencia el valor actual de cada unidad fijado en $5.000, los importes oscilan desde un piso de $250.000 hasta un máximo de $10 millones de pesos.

La prohibición rige para todo parque automotor —incluyendo motocicletas y automóviles— que transite con escapes libres, sin silenciador, abiertos o con alteraciones orientadas a incrementar la emisión sonora. Del mismo modo, penaliza los dispositivos destinados a producir detonaciones, explosiones o cortes en la combustión mediante la manipulación deliberada del motor o el sistema de escape.

Metodología de constatación e infracciones agravadas

La comprobación de la falta podrá realizarse mediante inspección visual y técnica, constatación de modificaciones estructurales o a través de registros métricos con sonómetros o decibelímetros homologados. No obstante, la ordenanza precisa que la medición acústica no será un requisito excluyente cuando se detecte fehacientemente un dispositivo manifiestamente libre o adulterado.

Asimismo, el plexo normativo prevé factores de agravamiento: las multas se duplicarán si las conductas infractoras —tales como aceleraciones innecesarias o detonaciones— se perpetran en zonas residenciales, inmediaciones de centros asistenciales, establecimientos educativos, áreas comerciales o puntos de alta concentración pública. En aquellos supuestos en que tales maniobras sean ejecutadas de manera grupal, la sanción económica se triplicará.

Retención vehicular y destrucción de dispositivos

La autoridad de aplicación queda facultada para proceder al secuestro preventivo y traslado de los vehículos infractores hacia los depósitos municipales. Para la restitución del rodado, el titular registral deberá acreditar fehacientemente la adecuación del sistema de escape a los parámetros reglamentarios vigentes, pudiendo exigirse además una inspección técnica previa.

En cuanto a los componentes decomisados, el Juzgado de Faltas o el área competente del Departamento Ejecutivo dispondrán su destrucción o compactación total, procedimiento que podrá llevarse a cabo mediante actos públicos con maquinaria pesada. Los operativos de control y fiscalización estarán a cargo del cuerpo de inspectores comunales, en coordinación operativa con la Policía de San Juan y las fuerzas de seguridad competentes.