21 noviembre, 2026

Megaestafa inmobiliaria en San Juan: la causa alcanza las 500 denuncias e incorpora doce nuevos hechos

La Fiscalía amplió la imputación contra los diez acusados en una investigación por comercialización irregular de terrenos cuyo perjuicio económico ya supera los $2.700 millones. El empresario Héctor Storniolo continúa alojado en el Penal de Chimbas con prisión preventiva.

La investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas en la comercialización de loteos en la provincia de San Juan registró un avance significativo tras la incorporación de doce nuevos hechos delictivos al expediente, el cual ya acumula un total de 500 denuncias formales. La ampliación de la pesquisa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, abarca a la totalidad de los diez imputados en la causa, entre los que figuran como principales referentes el empresario Héctor Storniolo y su cónyuge, Patricia Nacif.

El proceso es instruido por el fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas. De acuerdo con las actuaciones judiciales, los nuevos episodios bajo análisis corresponden a los desarrollos inmobiliarios denominados Alto Valle y Alteza, emprendimientos que se suman a una serie de proyectos urbanísticos que quedaron inconclusos o nunca llegaron a ejecutarse. Las estimaciones oficiales sitúan el daño patrimonial acumulado por encima de los $2.700 millones, un monto que permanece sujeto a actualizaciones conforme avanza la individualización de los damnificados en cada predio.

Avance de la etapa instructoria

En esta instancia del proceso, el equipo del Ministerio Público lleva adelante una auditoría pormenorizada, proyecto por proyecto, con el objetivo de precisar el universo exacto de afectados y delimitar el grado de responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los diez implicados. Estas diligencias resultan indispensables antes de formular la acusación definitiva y solicitar la correspondiente elevación de la causa a juicio oral. Fuentes judiciales aclararon que, si bien el volumen de presentaciones asciende a medio millar, la tipificación final de los delitos podría agruparse en un número menor de hechos penales, dado que múltiples reclamos convergen sobre un mismo desarrollo inmobiliario.

Acuerdos reparatorios en suspenso

Dentro del grupo de acusados, Juan Mauricio Gallerano se perfila como el único imputado con perspectivas concretas de obtener el sobreseimiento mediante una salida alternativa al conflicto penal. Vinculado a los loteos Vistas I, Vistas II y Acacias, Gallerano optó por el instituto de la reparación integral del daño, comprometiéndose al resarcimiento económico de los compradores afectados.

Según consta en el expediente, el imputado ya concretó cerca del 98% de las devoluciones acordadas. No obstante, la homologación definitiva del acuerdo se encuentra temporalmente paralizada debido al fallecimiento de su padre y a la consiguiente apertura de un juicio sucesorio en el fuero civil, trámite que aún aguarda resolución.

Situación procesal del principal imputado

Por su parte, Héctor Storniolo es el único integrante de la presunta maniobra que cumple detención efectiva, permaneciendo bajo el régimen de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas. El historial procesal del empresario incluye una primera detención en 2024, el posterior beneficio del arresto domiciliario y su excarcelación en noviembre de 2025. Sin embargo, en mayo del corriente año regresó al penal tras comprobarse la presentación de documentación apócrifa en el marco del proceso.

Con el propósito de eludir la instancia de juicio, la defensa de Storniolo había propuesto culminar las obras de infraestructura pendientes en un plazo de 90 días, respaldando dicha oferta con informes técnicos atribuidos al arquitecto Pablo Navarro. Al ser citado a prestar declaración testimonial por el fiscal Gallastegui, el profesional desconoció la autoría de los escritos y negó haber rubricado los documentos presentados. Ante la gravedad de la irregularidad detectada, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi revocó su libertad y dispuso su inmediato traslado a la unidad carcelaria.

Finalmente, desde el Ministerio Público recordaron que aquellas personas que se consideren damnificadas por estas operaciones y aún no hayan formalizado su presentación, pueden concurrir a la sede de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para radicar la denuncia e incorporarse como parte en el expediente.