La Justicia ordenó a la UNSJ garantizar la recuperación de clases en sus institutos secundarios
El magistrado federal Leopoldo Rago Gallo aceptó el recurso de amparo promovido por tutores autoconvocados y le ordenó a la institución académica que presente, en el lapso de cinco días, un calendario excepcional de clases. El objetivo es garantizar que los estudiantes de las escuelas preuniversitarias no se vean perjudicados en su aprendizaje a causa de las huelgas.

La Justicia Federal de San Juan dictó una medida cautelar contra la UNSJ por la pérdida de días de clase en sus colegios preuniversitarios.
En el marco de una resolución emitida este viernes 9 de octubre, el fuero federal local resolvió parcialmente de manera favorable una acción cautelar interpuesta contra la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La disposición alcanza al funcionamiento de sus tres institutos de educación secundaria: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno.
El mandato judicial exige a las autoridades universitarias implementar con urgencia los mecanismos académicos, administrativos y logísticos indispensables para asegurar el desarrollo y la culminación normal del ciclo lectivo 2026. Del mismo modo, impone la obligación de compensar los días y las horas de enseñanza que se perdieron, garantizando de este modo la transmisión de los contenidos curriculares obligatorios.
El tribunal fijó un término perentorio de cinco días hábiles para que la casa de altos estudios notifique formalmente a toda la comunidad educativa un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica. Dicha planificación deberá explicitar las estrategias operativas destinadas a mitigar el impacto de las jornadas sin actividad escolar y asegurar la currícula prevista.
Argumentos del magistrado y alcance de la medida
En los fundamentos de la sentencia, el juez a cargo advirtió que las evidencias incorporadas al expediente confirman suspensiones reiteradas en el dictado de asignaturas a lo largo del año. Asimismo, cuestionó la ausencia inicial de un programa integral, concreto y auditable de recuperación por parte de la institución.El pronunciamiento subraya asimismo la complejidad de equilibrar dos garantías de rango constitucional: el derecho fundamental de los menores y jóvenes a la educación, y el derecho de los trabajadores docentes a ejercer huelga.No obstante, la cautelar desestimó por el momento ciertas pretensiones de los demandantes, tales como el establecimiento de un piso obligatorio del 75% de actividad durante las protestas gremiales, la implementación de guardias mínimas o la apertura de una instancia de conciliación obligatoria. El magistrado consideró que estos aspectos ameritan un debate más amplio, con producción probatoria y el contradictorio entre las partes involucra
